Economía solidaria – Un marco para resistir y construir
La tensa relación entre el gobierno del presidente Evo Morales y las ONG bolivianas dio un giro el pasado mes de agosto, cuando el vicepresidente Álvaro García Linera lanzó un ataque contra cuatro organizaciones de investigación bolivianas muy respetadas: el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro Boliviano de Documentación e Información (CEDIB) y las fundaciones Tierra y Milenio. El episodio ha desatado una tormenta dentro y fuera de Bolivia, planteando importantes cuestiones sobre la soberanía nacional, la erosión de la democracia y las perspectivas de continuar el debate en torno al modelo de desarrollo extractivista de Bolivia.
Las cuatro ONG, que han llevado a cabo importantes investigaciones sobre cuestiones económicas, sociales, laborales, medioambientales y agrarias en Bolivia durante más de 25 años, son acusadas de “mentir e inmiscuirse en la política” para favorecer los intereses de gobiernos y empresas extranjeras. En concreto, según García Linera, están utilizando fondos del extranjero para promover una “política imperial transnacional” de protección del medio ambiente, en la que los países del sur global renuncian a las oportunidades de desarrollo y se convierten en “guardabosques” en beneficio del norte industrializado. Según los medios de comunicación locales, García Linera también amenazó a las cuatro ONG bolivianas con expulsarlas de Bolivia.
Serie de oradores del CDH: Derechos reproductivos
Familiares de víctimas de la violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas relacionadas con las elecciones de octubre de 2019 lloran mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presenta su informe final sobre esos abusos, en La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2021.
Las mujeres y las niñas siguen corriendo un alto riesgo de violencia. Continúa el hacinamiento en las cárceles y la excesiva detención preventiva. Las comunidades indígenas se enfrentan a obstáculos para ejercer el derecho que les confiere el derecho internacional al consentimiento libre, previo e informado de las medidas que puedan afectarles, y se ven gravemente afectadas por los incendios provocados por los agricultores que se extienden a las tierras indígenas.
El ex presidente Evo Morales debilitó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder. La Constitución de 2009 facultó a los votantes para elegir a los jueces de los tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Plurinacional; los legisladores del partido de Morales -el Movimiento al Socialismo (MAS)- llenaron las listas con sus partidarios. En 2010, todos los jueces nombrados antes de 2009 fueron considerados “temporales”. Decenas de ellos fueron destituidos sumariamente.
La comprensión indígena y no occidental del clima
En Bolivia hay 36 pueblos reconocidos. Con la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y una nueva Constitución, Bolivia adoptó el estatus de Estado plurinacional. Sin embargo, los pueblos indígenas del país siguen enfrentándose a desafíos, especialmente en lo que respecta a los trabajos de sísmica en busca de nuevas reservas de petróleo y gas y a los proyectos hidroeléctricos.
Según el Censo Nacional de 2012, el 41% de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2017 indican que este porcentaje probablemente haya aumentado al 48%.
En Bolivia hay 38 pueblos reconocidos, la mayoría en los Andes son pueblos quechua-hablantes (49,5%) y aymaras (40,6%), que se autoidentifican como 16 naciones. En las tierras bajas, los pueblos chiquitano (3,6%), guaraní (2,5%) y moxeño (1,4%) son mayoritarios y, junto con el 2,4% restante, constituyen 20 pueblos indígenas reconocidos.
Uno de los principales retos para los pueblos indígenas de Bolivia está relacionado con los trabajos de sísmica en busca de nuevas reservas de petróleo y gas, así como con los proyectos hidroeléctricos. Éstos afectan directamente a las personas que habitan el territorio de los proyectos, a menudo Pueblos Indígenas y campesinos.
Liberia – La Presidenta interviene en el debate general de las Naciones Unidas
El monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza no se discute abiertamente. Sin embargo, la presencia real del Estado no es uniformemente sólida en todas las partes del país. En varias regiones marginales del país, la presencia real del Estado es limitada y, en algunas zonas, los terratenientes, los narcotraficantes o las organizaciones comunitarias locales son de facto la autoridad más importante. En la provincia oriental de Santa Cruz sigue existiendo un fuerte potencial de regionalismo radical insurgente con valores católico-conservadores. Las huelgas o el incumplimiento de las órdenes por parte de la policía nacional o el ejército pueden suponer temporalmente un desafío a la capacidad del Estado para ejercer su monopolio del uso de la fuerza, pero no lo socavan fundamentalmente.
El Estado boliviano es generalmente aceptado como legítimo por todos los actores relevantes de la sociedad. El concepto constitucional de Bolivia como “Estado plurinacional” puede seguir siendo en parte discutido (por ejemplo, con respecto al reconocimiento y los derechos de las “naciones y pueblos” indígenas frente a la “nación boliviana”), pero ya no es cuestionado activamente por ningún grupo importante. Tampoco hay desacuerdo dentro de Bolivia en cuanto a quién se califica como ciudadano. La ciudadanía se considera básicamente un concepto inclusivo, y el acceso a ella no se niega a ningún grupo en particular. La Constitución de 2009 contiene derechos de ciudadanía de gran alcance, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el acceso de facto a los derechos socioeconómicos de ciudadanía sigue siendo limitado para la población indígena y para la minoría afroboliviana.