Canibalismo de la tribu Ngobe
1.La República de Panamá limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica. El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, las aguas territoriales, la plataforma continental, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de conformidad con los tratados de límites celebrados por Panamá con dichos Estados. El territorio de Panamá tiene una extensión de 77.626,7 km², de los cuales 2.210 km² corresponden a la superficie de sus aguas territoriales.
2.Para efectos políticos y administrativos, la República de Panamá está dividida en 10 provincias, 77 comarcas, 3 comarcas indígenas con categoría de provincia (Kuna Yala, Emberá y Ngobe-Bugle), cada una con un gobernador provincial, y 2 comarcas indígenas con categoría de corregimiento (Kuna de Madungandi y Kuna de Wargandi), con lo que el número total de comarcas administrativas en el país es de 648.
Pronunciación de la corneta Ngobe
El proyecto también incluía dos componentes que suponían un importante reto técnico: la mejora de los ingresos familiares basada en la producción agrícola en un entorno agroecológico con restricciones y la creación del Fondo de Capitalización para financiar actividades productivas, que debía ser administrado por organizaciones de base beneficiarias que carecían de tradición organizativa y tenían escasa capacidad administrativa y de gestión. Los limitados resultados alcanzados en ambos componentes confirman que durante la ejecución del proyecto se debió poner más énfasis en el análisis y ajuste de estas dos líneas de acción para potenciar sus efectos e impactos. A pesar de estas limitaciones, el proyecto permitió mejorar la autosuficiencia alimentaria de las familias, gracias a la introducción de nuevas actividades productivas.
El diseño del proyecto, que se basó en las lecciones aprendidas del Proyecto de Desarrollo Rural para las Comunidades Guaymí, fue acertado en varios aspectos, por ejemplo inclusión de un programa intensivo de capacitación como base para la organización de los beneficiarios, promoción de su participación en la planificación y gestión del proyecto, creación de una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) para coordinar las actividades, contratación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como administrador del proyecto, construcción de centros de desarrollo para descentralizar las actividades de desarrollo, establecimiento de pautas realistas para la formulación de una propuesta tecnológica agrícola sencilla y adecuada al potencial de la zona, incorporación de estudios sobre el estado de los recursos naturales y los impactos de las actividades productivas, y protección del medio ambiente basada en la promoción de una actitud ambientalista entre la población.
Mujer embera
Instituto para el Desarrollo Integral de Kuna Yala (IDIKY), 174.593 dólares en 18 meses. El IDIKY llevará a cabo un proyecto de evaluación de los recursos de la comunidad formando a más de 1.000 miembros de las comunidades kuna para documentar las áreas de recursos para la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de recursos forestales en sus territorios, junto con las características físicas. Los mapas producidos presentarán información precisa y detallada sobre el uso de los recursos naturales de la región y se convertirán en la base de un plan de gestión de recursos para las generaciones actuales y futuras. (PN-271)
Asociación de Profesionales Agropecuarias Ngobe-Bugle (APANB), 167.538 dólares en tres años. APANB llevará a cabo un proyecto en 26 comunidades del distrito de Mirono, en la comarca o territorio indígena de Nedrin, en el centro de Panamá, dirigido a mejorar la producción, el procesamiento y la comercialización del café orgánico y a promover la conservación de los recursos forestales naturales. APANB utilizará parcelas de demostración y establecerá viveros de plántulas de café, ampliará el uso de equipos de procesamiento/secado y publicará materiales educativos en su esfuerzo por llevar a cabo este programa que beneficia a 700 miembros de la comunidad indígena Ngobe. (PN-272)
Emberá-wounaan
Quedan por realizar una serie de actividades para consolidar las acciones emprendidas. Estas actividades serán completadas durante el año en curso por la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) y las entidades del sector público implicadas en la ejecución del proyecto.
Planes de desarrollo comunitario: El proyecto promovió la realización de diagnósticos rurales participativos y la formulación de planes quinquenales de desarrollo comunitario, que sirvieron de guía para la elaboración de los planes anuales de las comunidades, los cuales, a su vez, constituyeron la base de los planes anuales de trabajo del proyecto. Sin embargo, estos planes no se actualizaron ni se utilizaron como aportación a los procesos de evaluación participativa. Esto restó coherencia y visión a largo plazo a las actividades, por lo que su contribución a la sostenibilidad de los procesos generados por el proyecto fue limitada.
Instituciones co-ejecutoras del sector público: El rendimiento global del proyecto dependió más del desempeño de las instituciones públicas que colaboraron en su ejecución que de la organización funcional del PEU, y el incumplimiento de los compromisos de algunas de esas instituciones limitó el ámbito de actuación del proyecto. Como consecuencia de estos incumplimientos por parte de las instituciones coejecutoras, muchas actividades no se llevaron a cabo o quedaron a cargo del PEU, cuyo personal técnico estaba sobrecargado de responsabilidades. El Ministerio de Agricultura (MIDA), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) carecían de la capacidad organizativa interna y de los recursos necesarios para cumplir sus compromisos con el proyecto, y el PEU no siempre estaba en condiciones de suplir el déficit de recursos. Además, los acuerdos sólo proporcionaron un marco de referencia para la cooperación interinstitucional. Los futuros acuerdos deberían incluir, como mínimo, las actividades a realizar, los objetivos específicos y los resultados esperados (efectos e impactos), así como los indicadores que se utilizarán para verificar la consecución de dichos resultados. Además, los acuerdos deberían revisarse y ajustarse anualmente.